Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2012.- Honorarios de abogados por asistencia jurídica en procedimientos judiciales que se desarrollan en más de dos años. Aplicación de la reducción del 40% prevista en el art. 32.1, párrafo tercero, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictadas en los RCA/2067/2017, 2522/2017 y 2070/2017.
Resumen: La demandante fue cesada por el Ayuntamiento demandado. En la demanda impugnó ese cese, solicitando la declaración de improcedencia del despido al entender que concurrió fraude en la contratación. La sentencia del Juzgado de lo Social ha estimado la demanda declarando la improcedencia del despido, si bien excluyendo del abono de salarios de tramitación el período durante el que se declaró el estado de alarma. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, concluye que esa declaración de la sentencia es incongruente, no obstante lo cual no declara la nulidad de la sentencia sino que deja sin efecto la aludida limitación del pago de salarios de tramitación.
Resumen: Acuerda este Auto la ratificación de algunas medidas restrictivas de derechos por razón de la pandemia del COVID-19. Limitaciones fundamentalmente relacionadas con el derecho a la libre circulación. Hace especial hincapié en la situación sanitaria que se acredita a través de la documentación que acompaña a la solicitud realizada por la autoridad sanitaria. Otras se declaran innecesarias por razón de no suponer afecciona derechos fundamentales. Se deniega la limitación de seis personas en velatorios.
